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El Ecofondo: respuestas socio-ambientales en un país turbulento

 

El Ecofondo juega un papel único  e imprescindible como organización de la sociedad civil en el campo ambiental. Es una afirmación que parte de constatar que el balance de sus quince años de vida muestra que ha logrado cumplir con creces los propósitos e ideales expresados en su misión, que para los fines de este ensayo resulta imprescindible transcribirla. Es  “una organización de organizaciones ambientalistas, no gubernamentales, comunitarias, de pueblos indígenas y afrodescendientes, sin ánimo de lucro, que se concibe como un espacio democrático y participativo de incidencia en política y gestión ambiental.” y “sus acciones institucionales principales han sido  la cofinanciación de proyectos ambientales, la incidencia en políticas públicas, la promoción de reflexión y acción en relación con problemáticas ambientales y el fortalecimiento de organizaciones y movimientos”[1] 

Precisamente  dos de los proyectos insignia de los últimos cinco años, la Campaña y Referéndum por el Agua, y el Proyecto de Gestión Ambiental Participativa para la Paz y el Desarrollo Sostenible en Colombia, sintetizan la realización práctica  de los ideales que se ha fijado el Ecofondo, como se ilustrará más adelante. 

Lealtad a sus principios y orientaciones en un país de los atajos 

El Ecofondo ha sido una organización fiel a los principios y orientaciones fundacionales acordadas por las 119 organizaciones ambientales que la crearon.  Es decir, ha sido una organización integra, una característica que paulatinamente se está volviendo excepcional en Colombia,  un país en el cual parece predominar cada vez más la moral del atajo y del “todo vale”.  

Esa integridad se manifestó tempranamente, durante sus primeros años de existencia, cuando debió enfrentar con entereza y creatividad las difíciles situaciones que se presentaron en relación con la administración y la ejecución de los recursos producto del intercambio de deuda por medio ambiente, acordados entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia. No es el espacio para referirme a esta compleja historia que algún día deberá ser contada. Pero es necesario recordar que el Ecofondo prefirió con acierto que se diera por terminado el contrato firmado para dirigir y orientar el Fondo creado con esos recursos, y renunciar a hacer uso de los mismos,  en aras de defender su naturaleza democrática y autónoma. Este fue el final, pero la ruta que debió transitar para llegar allí fue dolorosa y llena de dificultades, viéndose incluso  obligada, en ciertos momentos, a poner  en riesgo su supervivencia misma. Pero simultáneamente, y por fortuna, buscó  y encontró los medios para superar la difícil situación que le significó separarse de la atractiva bolsa económica. 

Además, en estos últimos seis años durante los cuales las ONG son tachadas por el gobierno central como organizaciones peligrosas para la seguridad democrática y el interés colectivo, el Ecofondo ha mantenido una posición digna y de frente en la necesaria defensa del lugar que están llamadas a jugar las organizaciones de la sociedad civil en una democracia. Es esta otra expresión inequívoca de su integridad. 

Reivindicación del concepto de desarrollo sostenible

El significado del Ecofondo como cofinanciador de proyectos se observa en las cifras de lo realizado.  En sus quince años ha cofinanciado 444 proyectos  que alcanzaron un valor total aproximado de $109.000 millones, del cual aportó el 73%, habiendo estado  el 27% restante a cargo de otras entidades, incluyendo las organizaciones beneficiarias.[2]

Pero el Ecofondo en el cumplimiento de su misión, va mucho más allá de lo que su sigla sugiere. Ha hecho posible, mediante el soporte económico y la asistencia técnica, que diversas ONG y organizaciones comunitarias  adelanten proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible, es decir proyectos que busquen alcanzar una sostenibilidad ambiental, social, y económica. Y simultáneamente ha buscado incidir en la construcción de políticas públicas que propicien el desarrollo sostenible en los ámbitos nacional, regional  y local. 

Infortunadamente los términos desarrollo sostenible y sostenibilidad han sufrido un desgaste como consecuencia, entre otras,  de la manipulación que se ha hecho de los mismos con fines políticos o empresariales, así como de las muy diversas interpretaciones de que han sido objeto para diferentes propósitos, tanto nobles como innobles.  

Pero justamente la trayectoria  del Ecofondo nos sirve para reivindicar el término, mostrándonos su pertinencia y utilidad.  Por que es claro que ha buscado incesantemente explorar y construir estrategias y acciones que, en muy diferentes lugares de la geografía nacional y muy diversas comunidades,  permitan alcanzar la sostenibilidad ambiental, entendida esta como el imperativo de vivir dentro de los límites impuestos por el medio ambiente. Y que, simultáneamente, permitan alcanzar la sostenibilidad social, lo cual significa asegurar que todas las personas vivan en forma digna y equitativa que perdure en el tiempo. Es decir, el Ecofondo ha orientado sus proyectos a partir de la convicción de que los fines del desarrollo son la construcción de una sociedad justa y la construcción de un mundo sostenible desde la perspectiva ambiental, dos fines que en últimas deben ser el producto del cumplimiento de los derechos fundamentales y colectivos  consagrados en la Constitución de Colombia. Y en este marco, el Ecofondo ha  entendido  que el crecimiento económico, la tecnología y la gobernabilidad son solo tres medios para alcanza esos fines.  

Así se puede leer el ambientalismo practicado por el Ecofondo, concretado en los últimos quince años en la forma como ha participado en la gestión de los proyecto que  ha  cofinanciado, que ha sido  su actividad predominante, y en su intento de incidir en la política pública, que es una actividad que ha ido paulatinamente tomando arraigo en su quehacer.   

En consecuencia con esa aproximación, el Ecofondo ha intentado desarrollar una metodología de trabajo participativa  basada en el respeto por las organizaciones y sus iniciativas.  En últimas busca crear una relación participativa y constructiva, mediante el ofrecimiento de una asistencia técnica que se inicia tempranamente, a partir del momento mismo que se presentan a su consideración lo proyectos,   y que continúa durante toda la vida de los mismos. Es una metodología de trabajo que evita caer en las prescripciones de arriba hacia abajo: los expertos del Ecofondo se ven más como pares de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias con las cuales trabajan que como unos funcionarios con atribuciones jerárquicas sobre ellas como consecuencia de su pertenencia a la entidad donante.  

La noción participativa y democrática subyacente a la realización de sus programas y proyectos  tiene su origen en la fundación misma del Ecofondo, como una empresa producto de la voluntad de un conjunto de organizaciones ambientales, que constituyen su asamblea y que están representadas en su Junta Directiva. Esa vocación democrática, se expresa en los procedimientos formales  que rigen la Asamblea, la elección de la Junta Directiva  y su director, y el funcionamiento en la práctica de aquellos órganos colectivos.  

Y se manifiesta también, en los diferentes sistemas de participación que ha concebido para fijar sus prioridades y construir sus planes de acción y estrategias en los ámbitos nacional y regional. Y también se concreta en la forma como ha adelantado su campaña del agua. Precisamente su firme compromiso con la democracia la llevó a utilizar el referéndum como el mecanismo para consagrar en la Constitución el acceso al agua potable como derecho fundamental.  

Además,  está buscando incidir  en forma creciente en la política ambiental y social del país, tanto en los ámbitos regional como nacional, en la convicción de que el interés colectivo es imperativo defenderlo no solo mediante la realización de proyectos que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de la población en un contexto de sostenibilidad ambiental, y al fortalecimiento de las organizaciones que los realizan.  Se requiere también que el gobierno a través de sus políticas garantice la protección de los derechos fundamentales y colectivos establecidos en la Carta Política, como lo revela el indiscutible liderazgo que ha tenido en el proceso dirigido a convocar un referéndum por el agua.  

Los cambios políticos, sociales y económicos del país y las respuestas del Ecofondo 

El Ecofondo ha mostrado una gran capacidad para redefinir sus prioridades y sus formas de acción frente a los grandes cambios que ha registrado el país en los últimos quince años. Son cambios que, además, plantean nuevos retos para el futuro, y por ello es necesario referirse a ellos. 

Cuando se fundó el Ecofondo, en 1993, apenas habían pasado dos años de expedida la nueva Constitución, caracterizada por la consagración de un armónico e integral conjunto de derechos civiles, políticos y sociales, entre los cuales los correspondiente al medio ambiente ocupan un lugar especial.  Además, el proyecto de ley 99 de 1993, mediante el cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, el SINA, y se dictaron otras disposiciones, estaba en trámite en el Congreso.  

En el ámbito internacional había tenido lugar la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992,  en la cual se establecieron las prioridades ambientales globales que habrían de llenar la agenda en estos años, entre las cuales sobresalen los temas del cambio climático y la biodiversidad. Y  en Río se había consagrado el concepto de desarrollo sostenible, que marcó el reconocimiento, al más alto nivel político, de las profundas relaciones existentes entre medio ambiente y desarrollo, que tuvieron una expresión concreta en la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21. 

 La creación del Ecofondo fue sin duda una respuesta de la sociedad civil a esa especial coyuntura de la historia del país y de la génesis de lo ambiental en los ámbitos doméstico e internacional. Además, se respiraba un aire de optimismo marcado en lo internacional por el fin de la guerra fría, y en lo nacional por las perspectivas económicas, que se auguraban buenas, y por las mismas circunstancias políticas que habían llevado a la construcción participativa y aprobación de la nueva Constitución.  

No obstante ya para entonces se observaban algunas tendencias que habrían de marcar profundamente los quince años siguientes. En la Cumbre de la Tierra no se logró el compromiso para lograr la solidaridad requerida entre el norte y el sur para desterrar la pobreza y enfrentar las principales amenazas ambientales. En últimas la suerte de lo ambiental y del desarrollo social quedó supeditada a la dinámica de la internacionalización de la economía que se detonó con la Ronda de Uruguay la creación de Organización Mundial de Comercio, que tuvieron lugar simultáneamente a la Conferencia de Río. Así, lo acordado en Río no contó con la robustez suficiente, como se manifestó en el precario desarrollo de la agenda 21 que vinculaba las dimensiones social y ambiental, y, posteriormente, en el declive de lo ambiental en la agenda internacional, a finales de la década de los años noventa. 

No es del caso hacer aquí un recuento de los complejos cambios y acontecimientos ocurridos en la sociedad colombiana y en el campo internacional en los últimos quince años, entre los cuales se mencionan: la resciliencia del narcotráfico, el proceso 8000, las fracasadas negociaciones de paz  con la guerrilla en el Caguán, el auge del paramilitarismo y la parapolítica en la primera década del milenio, la degradación de la guerrilla, el proceso de reconciliación con los paramilitares, la política de la seguridad democrática y sus éxitos militares frente a la guerrilla, la crisis económica del país al cruzar el siglo y su recuperación en los últimos seis años,  la persistencia de la inequidad y la pobreza, el 11 de Septiembre y sus efectos en las relaciones internacionales que incluye el debilitamiento del multilateralimo, el deterioro de las relaciones internacionales de Colombia con el Ecuador, Venezuela y otros países, y la creciente inequidad entre los países ricos y los países más pobres a que ha conducido la globalización. 

Pero es necesario hacer énfasis en cuatro fenómenos que tienen especial importancia para el presente y el futuro del país, y que han afectado y planteado formidables retos a instituciones como el Ecofondo: la creciente violencia contra los grupos más vulnerables del país, en el contexto del conflicto armado y la persistencia del narcotráfico; el deterioro de la moral pública y ciudadana; el declive de la institucionalidad y la política pública ambiental; y la transformación del país en una economía de exportación de productos básicos, en particular de la minería, y eventualmente de la agricultura.  

La violencia contra los más vulnerables encuentra su más clara expresión en los desplazados, que, de conformidad a diversas cifras, ascienden a un total que se ubica en un rango entre los 2 y los 3 millones y medio. Para el año 2007, según las cifras del gobierno los desplazados ascienden a 270.000, y según el COHDES a 330.000. Son desplazados del campo y de poblaciones rurales, entre los cuales se encuentran campesinos, y miembros de las comunidades indígenas y negras. Muchos son campesinos sin tierra, los pobres que nunca han tenido acceso a una parcela productiva. Y muchos han sido forzados a abandonar las tierras de su propiedad, o reciben indecibles presiones para hacerlo, incluyendo a lo pequeños y medianos campesinos propietarios y las comunidades negras e indígenas titulares, respectivamente, de propiedades colectivas y de resguardos indígenas. Es una aguda manifestación  del conflicto por el territorio, que, en últimas,  está orientado a concentrar las tierras en manos de unos pocos propietarios, vinculados con los grupos armados ilegales, o a controlar territorios en los cuales se encuentran importantes recursos naturales que incluyen no solamente el suelo y el agua -para destinarlos a cultivos legales o ilegales o a la actividad pecuaria-, sino también otros como la madera, el oro y los materiales de construcción. Este tema ha sido ampliamente estudiado y debatido en el seno del Foro Nacional Ambiental, una alianza de la cual hace parte el Ecofondo, en el contexto más amplio de  las relaciones entre guerra, sociedad y medio ambiente[3]

El deterioro de la moral pública se  manifiesta fundamentalmente en la existencia de  ámbitos del Estado donde, como Luis Jorge Garay ha concluido en una amplia investigación sobre el tema,  “hay prácticas mafiosas que están en riesgo de que se profundicen”[4]. No se trata de hechos de corrupción aislados, sino de una estructura de corrupción que se ha insertado en el Estado, a partir de la toma,  y manipulación de la legalidad y de la orientación de los recursos públicos para el beneficio de unos pocos. Además, y  simultáneamente, se identifica una degradación moral en sectores de la ciudadanía que cada vez más acuden a comportamientos del atajo y del todo vale. 

El declive de la institucionalidad y la política ambiental ha sido también  ampliamente documentado y debatido en el Foro Nacional Ambiental.[5] Es una situación que en parte es consecuencia de la pérdida de prioridad del tema ambiental en la agenda internacional, pero que en Colombia refleja, además,  la subordinación que el gobierno del Presidente Alvaro Uribe le ha otorgado a lo ambiental frente a los intereses económicos de corto plazo  de grupos empresariales.  

Finalmente, y relacionado con el punto anterior, en las tres últimas décadas el país se ha ido convirtiendo paulatinamente en un país cuya economía se basa cada vez más en la explotación de minerales, un hecho que está tomando un enorme ímpetu con la creciente demanda por los productos básicos detonada, en particular, por las altas tasas de desarrollo económico registradas por algunos países en desarrollo y muy particular China e India. Además, el auge de los biocombustibles a nivel global, está siendo avizorado por el gobierno y la empresa privada como una gran oportunidad económica para el país.  La intensificación de la actividad minera, el incremento de los procesos de exploración asociados a este sector y a los hidrocarburos, y el impulso a los biocombustibles, están ya generando presiones sobre el medio ambiente, sin precedentes en la historia del país: son macroproyectos productivos que conllevan la realización de macroproyectos de infraestructura, como carreteras  puertos. Y de no articularse a un proyecto para la construcción de la paz y al establecimiento de una sociedad más justa y ambientalmente sostenible,   podrían ser las semillas de nuevos conflictos sociales y la perpetuación de la guerra, como lo evidencia lo ocurrido con las plantaciones de palma en el Bajo Atrato, o el desafortunado desempeño social y ambiental de la Empresa Drumond, para mencionar tan sólo dos casos.  

El Ecofondo está respondiendo a tan formidables retos, tal como se tipifica en los últimos cinco años en la realización de los proyectos financiados por el Fondo Holanda-Ecofondo creado con recursos de la Embajada de este país, en el proyecto Ecofondo-Acdi, y en las actividades dirigidas a tener incidencia en la política pública.  

Proyectos socio-ambientales para las comunidades más vulnerables 

En el “Proyecto de Gestión Ambiental Participativa para la Paz y el Desarrollo Sostenible en Colombia, Ecofondo-Acdi” se trata de enfrentar las amenazas contra la integridad del tejido social de las comunidades más vulnerables y del medio natural en que habitan. Así, se hace explícito en el objetivo establecido de generar “un conjunto de propuestas ambientales alternativas establecidas y consolidadas por comunidades campesinas y étnicas en 10 regiones colombianas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, para el fortalecimiento de seguridad y soberanía alimentaria, control social del territorio e incidencia en políticas públicas, mediante estrategias de conservación ambiental, producción agro-ecológica y fortalecimiento organizativo”.[6]  

Se trata de un proyecto con cobertura nacional, que comprende diez sub-proyectos regionales, de conformidad con la regionalización del Ecofondo en diez áreas del territorio del país. Su primera fase, ya para terminarse estuvo orientada a que las organizaciones regionales ejecutaran sus proyectos. Su segunda fase que concluirá en el año 2009, estará orientada a la “sistematización de la experiencia, a la consolidación de sus logros, y en particular, a la búsqueda de mecanismos que permitan incidir en las políticas públicas sobre alternativas sostenibles frente a la problemática de los cultivos de uso ilícito.”[7] 

La evaluación de término medio del proyecto es muy alentadora. Además de resaltar una mejoría en los ingresos familiares y una efectiva sustitución de los cultivos ilícitos, se subraya el mayor arraigo y la estabilidad que ha generado en las comunidades participantes, en relación con su territorio,  “dentro de una notable variedad de alternativas que combinan actividades productivas y de conservación ambiental, con actividades sociales (organización, capacitación, participación social)”.[8] 

Se hace también énfasis en la acogida de los modelos agroecológicos por parte de las comunidades, fundamentados en parte en los conocimientos ecológicos tradicionales, y se observa que los objetivos de conservación se han hecho viables en la medida en que los productores han tenido “alternativas productivas de bajo impacto ambiental pero que generan ingresos familiares suficientes”.[9]  

En la misma evaluación se concluye, además, que en el éxito alcanzado con el proyecto han jugado un papel fundamental las organizaciones afiliadas al Ecofondo 

En este proyecto se ha trabajado no solo con comunidades campesinas, sino también con resguardos indígenas y consejos comunitarios de las comunidades negras. En este último campo el Ecofondo ha adquirido una notable experiencia, como se ilustra con los proyectos adelantados con comunidades de Cauca y Nariño, y, con las del Chocó Biogeográfico y la cuenca amazónica.  

Son proyectos que han sido realizados en el marco del Fondo creado con aportes de la Embajada de Holanda, y que tienen un gran significado para el país. Justamente en el presente año se cumplen dos décadas del notable impulso que le dio el gobierno del Presidente Virgilio Barco a la creación de los resguardos indígenas, y que posteriormente se tradujo en el reconocimiento de derechos territoriales equivalentes a las comunidades negras, y su consagración en la Constitución de 1991. Y al celebrarse este onomástico, hay que reconocer que la acción del Estado en el proceso de consolidación de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras ha sido muy insuficiente, y que, por ello, proyectos como los auspiciados por el Ecofondo a estas comunidades, son claves para avanzar en esa dirección. 

El Ecofondo, además de continuar con estas actividades, tiene el reto sistematizar la experiencia ganada en estos proyectos para transferirla a otras organizaciones y localidades del país. El Ecofondo bien podría también considerar comprometerse con un programa de largo plazo con un programa en alguna región (por ejemplo en la consolidación de un resguardo, o un consejo comunitario, o una asociación de pequeños agricultores) con el fin de proveer al país con una experiencia a una escala mayor.  

Incidencia en la política pública 

Sin duda la campaña y el referéndum por el agua son las iniciativas más ambiciosas para incidir en la política pública ambiental emprendidas por el Ecofondo en sus quince años de vida. Y, quizá, no existe en la historia del ambientalismo en Colombia unas iniciativas de mayor alcance y significado en materia de política pública que estas dos lideradas por el Ecofondo.  

Con solo oír y leer los relatos y evaluaciones de lo que han sido las campañas adelantadas con las comunidades ribereñas de los ríos Magdalena y Amazonas, para construir una propuesta nacional por el agua,   basta para entender la concepción  y compromiso del Ecofondo en la materia. Se trata de una propuesta política dirigida a consagrar en nuestra Constitución el acceso al agua potable como derecho fundamental de todos los ciudadanos, así como las obligaciones del Estado en la protección del ciclo del agua y de los ecosistemas que lo encadenan.   

Es difícil prever cuál será el resultado del referéndum. Pero, más allá de que se apruebe, o no, las campañas emprendidas en pro del agua y para la firma del mismo, necesariamente tendrán positivas, y en muchos casos impredecibles,  consecuencias en la concientización y educación de la ciudadanía, y en la política pública. Muy probablemente tendrá impactos que ni siquiera el Ecofondo se ha imaginado. Esta es la situación normal cuando se intenta incorporar una nueva política pública, tal como lo señalan los especialistas en la materia. Se acaba generando una compleja trama de interacciones que, a partir de lo soñado, da lugar a muy diversos impactos y resultados, y, eventualmente, y también, a que se adopte la propuesta que le dio origen.  

En su propósito de incidir en la política pública el Ecofondo ha sido un activo participante del Foro Nacional Ambiental que tiene aquel propósito como su razón de ser. El Foro en sus diez años de vida, ha estado experimentando con diversas estrategias para el efecto. Y en algunos ocasiones ha acertado como fueron los casos de la ley forestal, el proyecto de modificación de la ley 99 de 1993, y el proyecto de la ley del agua. Sin duda, su acción incidió en que estos proyectos, tan inconvenientes desde las perspectivas social y ambiental,  finalmente no se abrieran paso.  

En otros casos, el Foro Nacional Ambiental simplemente ha intentado acompañar y contribuir con proyectos adelantados por el  Ecofondo, como son los referidos de la campaña y el referéndum por el agua. 

Pero si bien la acción del Ecofondo y el FNA en su intento de incidir en la política pública han mostrado algunos resultados, estas dos organizaciones se enfrentan al imperativo de hacer mucho más y trabajar en forma más sistemática. La tarea es muy amplia y los retos son enormes, tal como quedó consignado en el recuento de las amenazas y turbulencia que sufre hoy el derecho fundamental de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano. Para ello, se requiere ampliar el portafolio de proyectos.   

También se requeriría una acción para convencer a otras organizaciones no gubernamentales a que se comprometan más con este tipo de actividad. El Ecofondo, con sus organizaciones regionales, tiene una gran oportunidad de hacerlo en el ámbito territorial. Además, la ejecución del proyecto Ecofondo-Acdi tiene precisamente, en su segunda fase, como objetivo incidir en unas políticas públicas relevantes al contexto en que se realizan sus actividades, un cometido que le proporcionará una invaluable experiencia en el aprendizaje del arte de incidir en la política pública.   

Así mismo, la campaña y el referéndum por el agua deben ofrecer oportunidades para incidir en políticas regionales que refuercen la acción del Estado en relación con los derechos y obligaciones que se quieren consagrar en la Constitución.  

Pero en últimas, uno de los mayores retos del Ecofondo en materia de políticas públicas es continuar trabajando políticas propositivas al más alto nivel de nuestro orden jurídico, como esta del agua. Ello le imprimiría un sello único de la mayor relevancia para el país.   

Manuel Rodríguez Becerra

 

[1] Ecofondo, página web, consultada en Marzo 26, 2008.

[2] Corporación Ecofondo. 2008. Consolidado de Proyectos Agrupados por Fuente de Cofinanciación. Archivo del Ecofondo.

[3] Sobre este tema véase los diferentes artículos contenidos en Rodríguez  B. Manuel y Martha Cárdenas (Editores). Guerra, medio ambiente y sociedad. Bogotá, Foro Nacional Ambiental, 2004, 540 págs. 

[4] Semana Marzo 29 de 2008, No. -1352

[5] Sobre el particular véanse los Documentos de Política del Foro Nacional Ambiental, en particular los números 1-15, 2006, 2007.

[6]Sánchez, Enrique. “Evaluación de término medio. Proyecto de gestión ambiental participativa para la paz y  el desarrollo sostenible en Colombia. Ecofondo-Acdi”. Bogotá, D.C: Gobierno de Canadá, Ecofondo, Febrero 14 de 2008, pág. 4.

[7] Idem.

[8] Ibid, pág., 61.

[9] Ibid, págs. 61 y 62

 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización noviembre de 2014
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